LOS CENTROS SOCIALES DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es tan antigua como las pirámides.

En Estados Unidos, el modo de vida que es expresión del principio de la competencia crea un clima favorable para el desarrollo de la corrupción pública: la sociedad americana es opulenta, los bienes son objeto de compra y venta y las fuerzas sociales activas -tanto en la administración como en la política- son aquellas que brotan de la riqueza privada, agresiva y ostentosa.

En Estados Unidos algunas grandes figuras ocuparon la presidencia de la nación, y han sido muy numerosos los hombres honestos que ocuparon puestos en todos los niveles, pero el producto típico de la sociedad fueron aquellos individuos cuyos nombres aparecen vinculados a diversos escándalos.

El medio ambiente quizá más favorable para el desarrollo de la corrupción lo hallamos en las sociedades prósperas que consideran la opulencia como un fin, la competencia como un medio y la ostentación como un valor.

Para los hombres más poderosos de dichas sociedades, la maquinaria del Estado solo interesa en cuanto ayuda a la promoción de sus propios objetivos, procurando por todos los medios manejar a su antojo el aparato estatal.

La ética mercantil irrumpe constantemente en la ética pública: se hacen regalos, se ofrecen agasajos y fiestas y se establecen los oportunos contactos.

En tales sociedades, los negocios de pequeña monta se hallan en franca desventaja, por la sencilla razón de que tienen menos posibilidades de acceso a los centros del poder.

En los países en desarrollo, esta desventaja se ve aún agravada por la estrecha dependencia del comercio y la industria respecto de sus gobiernos en cuanto afecta al suministro de materias primas, concesión de créditos y de licencias de exportación.

Teniendo en cuenta que muchos Estados se lanzan a la empresa del desarrollo por un simple afán de supervivencia, el Estado se ve en la necesidad de asumir poderes que forzosamente han de ser amplios y a utilizar unos recursos que inevitablemente son escasos. Es así como el desarrollo (al igual que la guerra) tiende a promover lo que, desde el punto de vista de su plena realización, no puede permitirse el lujo de aceptar: LA CORRUPCIÓN.

Dentro de la misma categoría que la corrupción encajan aquellas formas de abuso de autoridad que producen como consecuencia la concesión de determinados beneficios a una persona a la que se intenta favorecer (favoritismo), a los parientes (nepotismo), a los correligionarios (sectarismo), a los miembros del mismo clan o comunidad (comunalismo)... El patronazgo y la influencia se dan la mano con la corrupción, y los tres fenómenos son índice de una conciencia social escasamente desarrollada, para la cual el beneficio personal y la lealtad privada priman sobre el deber público. En ocasiones, las fidelidades de tipo particular (el clan o la tribu) debieron cumplir un fin útil en un contexto social diferente y en una organización política distinta. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo. Ahora bien: estos países han de darse cuenta de que no pueden seguir aferrándose a determinadas lealtades de épocas pasadas y, al propio tiempo, aprovecharse de los éxitos de LA PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA EN UN ESTADO MODERNO.

Vemos así cómo, en algunos casos, olas de entusiasmo moral sacuden a un país, a menudo en conjunción con una revolución política, pero sin llegar a tener un efecto perdurable. Lo malo es que, una vez pasado el efecto inicial, pueden resultar más perjuicios que beneficios de la misma. Un ambiente en el que los altos ideales solo se proclaman de labios afuera constituye un terreno abonado para el mejor desarrollo de la corrupción, ya que es precisamente en él donde prolifera esa doblez que permite que la persona que acepta el soborno conserve su propia estima, mostrando una cara ante el mundo y otra distinta al cliente.

El remedio más eficaz para combatir la corrupción es la opinión pública. Nada podrá vencer a la corrupción si la opinión pública se halla dispuesta a tolerarla. Por otra parte, ningún gobierno puede permitirse el lujo de mostrarse complaciente con la corrupción, si el público no está dispuesto a aceptarla. En este aspecto es a la prensa a la que corresponde una importante misión, la de guardián vigilante de EL INTERÉS PÚBLICO y la de vigoroso exponente de LA OPINIÓN PÚBLICA.

LA ELECCIONES pueden constituir una fuente de corrupción. Sabido es que las elecciones requieren DINERO, y si no se ponen límites a la competencia ni a LOS GASTOS, entonces las sumas de dinero que hay que movilizar pueden se realmente considerables. Este dinero puede proceder de grandes empresas o de individuos poderosos, los cuales nunca prestan su dinero sin tener la seguridad de que lo van a cobrar con creces. De aquí la imperiosa necesidad de abaratar las elecciones, limitándose sus gastos, así como las aportaciones individuales.

Un poder judicial independiente constituye un arma poderosa para un país que ha de luchar con el mal de la corrupción.

Entre otras obligaciones, los ministros están obligados a presentar al primer ministro, de vez en cuando, un resumen detallado de su activo y pasivo. Además, deben abstenerse de mantener vinculación alguna con la empresa en que, antes de ser ministros, estuvieran empleados. Asimismo habrán de evitar el procurarse recursos como no sea de compañías autorizadas. Finalmente deben comprometerse a no aceptar regalos valiosos, excepto de sus parientes más próximos.

Un código similar se aplica a LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Sin embargo, cabe afirmar que existe un profundo abismo entre la formulación de tales códigos y su estricta observancia en la práctica actual.
En relación con la función pública, debemos llamar la atención sobre un par de aspectos; entre ellos la selección y formación de los funcionarios, así como el mantenimiento y observancia de ciertas normas y tradiciones, son de enorme importancia.
No menos importante es la distribución adecuada de las competencias.
La delegación de funciones no debe ser ni innecesariamente circunscrita ni imprudentemente ampliada.
Sobre todo, toda delegación ha de hacerse siempre de manera precisa y clara, ya que nada favorece tanto el desarrollo de la corrupción como el hecho de que la competencia se diluya entre varios funcionarios.
Ahora bien: se cree que los funcionarios deben vivir decorosamente y que se hallen debidamente remunerados.

Todos los procedimientos punitivos -investigación, instrucción y juicio- deberán ser sustanciados de manera rápida, efectiva, independiente e imparcial. Por un lado, es esencial que la opinión pública se dé cuenta de que el gobierno no trata de proteger a un ministro o a un funcionario.